Derecho

CICERÓN DENUNCIA A CATILINA. 1888. Cesar Maccari.(Siena, Ducado de Toscana, 9 de mayo de 1840 – Roma, 7 de agosto de 1919). Palazzo Madama. Roma, Italia.

 

El bufete de Óscar Humberto Gómez Gómez, ahora bufete virtual, cuenta hoy en día con la consejería y dirección de Óscar Humberto Gómez Gómez —quien ejerció la profesión con excelencia de desempeño a lo largo de cuarenta años—, la vinculación del joven abogado e historiador de la Universidad de los Andes Édgar Leonardo Gómez Blackburn, la orientación en cuestiones procedimentales de Nylse Blackburn Moreno —quien fungió como asistente y dependiente judicial a lo largo de treinta años— y el apoyo logístico de un selecto grupo de jóvenes profesionales con asiento en Bogotá y otras ciudades del país.

 

HISTORIA

 

El primer caso atendido por el bufete fue el llamadoCASO DEL ESTADIO. Los hechos ocurrieron en 1981, la demanda se presentó en 1982 y la sentencia se dictó en 1986.

 

EL CASO DEL ESTADIO” (Estadio Alfonso López de Bucaramanga, domingo 11 de octubre de 1981; tragedia en el partido Atlético Bucaramanga – Atlético Junior de Barranquilla), primer caso a cargo de Óscar Humberto Gómez Gómez ante el Consejo de Estado de Colombia. Instantes previos a la tragedia. La Policía enfrenta los desórdenes. Al verse superada por la multitud, solicitará la presencia del Ejército.

 

“EL CASO DEL ESTADIO” (Estadio Alfonso López de Bucaramanga, domingo 11 de octubre de 1981; tragedia en el partido Atlético Bucaramanga – Atlético Junior de Barranquilla), primer caso a cargo de Óscar Humberto Gómez Gómez ante el Consejo de Estado de Colombia. Instantes previos a la tragedia. La Policía enfrenta los desórdenes. Al verse superada por la multitud, solicitará la presencia del Ejército.

 

“EL CASO DEL ESTADIO” (Estadio Alfonso López de Bucaramanga, domingo 11 de octubre de 1981; tragedia en el partido Atlético Bucaramanga – Atlético Junior de Barranquilla), primer caso a cargo de Óscar Humberto Gómez Gómez ante el Consejo de Estado de Colombia. Instantes previos a la tragedia. El árbitro Eduardo Peña es conducido hacia los camerinos. Después se supo que para sacarlo del estadio, las autoridades lo vistieron de jugador del Atlético Bucaramanga.

 

“EL CASO DEL ESTADIO” (Estadio Alfonso López de Bucaramanga, domingo 11 de octubre de 1981; tragedia en el partido Atlético Bucaramanga – Atlético Junior de Barranquilla), primer caso a cargo de Óscar Humberto Gómez Gómez ante el Consejo de Estado de Colombia. El Ejército ya ha ingresado al escenario deportivo y los disparos de fusil han comenzado a retumbar en las graderías. Los aficionados comienzan a tirarse al piso.

 

“EL CASO DEL ESTADIO” (Estadio Alfonso López de Bucaramanga, domingo 11 de octubre de 1981; tragedia en el partido Atlético Bucaramanga – Atlético Junior de Barranquilla), primer caso a cargo de Óscar Humberto Gómez Gómez ante el Consejo de Estado de Colombia. El Ejército dispara sus fusiles desde la gramilla del estadio hacia las graderías. Oficialmente habrá cuatro muertos; extraoficialmente se hablará de muchos más.

 

“EL CASO DEL ESTADIO” (Estadio Alfonso López de Bucaramanga, domingo 11 de octubre de 1981; tragedia en el partido Atlético Bucaramanga – Atlético Junior de Barranquilla), primer caso a cargo de Óscar Humberto Gómez Gómez ante el Consejo de Estado de Colombia. Instantes inmediatamente siguientes a la tragedia. Una de las víctimas de la balacera es conducida hacia el exterior del estadio.

 

A partir de su primer caso —”EL CASO DEL ESTADIO”—, el bufete de Óscar Humberto Gómez Gómez llegó a ser pionero, no sólo en Bucaramanga y Santander, sino en Colombia, de las demandas contra el Estado en las más diversas áreas, entre ellas la de la Responsabilidad estatal por fallas en la prestación del servicio público de salud en los hospitales y clínicas del Estado (fallas médicas), tema hasta entonces sumido en la inaccesible penumbra de los quirófanos.

 

CON EL CASO “PEDRAZA CONTRA EL ISSS”, FALLADO POR EL CONSEJO DE ESTADO, EL BUFETE DE ÓSCAR HUMBERTO GÓMEZ GÓMEZ SE CONVIRTIÓ EN PIONERO EN COLOMBIA DE LAS DEMANDAS POR FALLAS MÉDICAS

 

Desde entonces, el bufete ha atendido con éxito, —además de demandas contra la Nación, departamentos, municipios y entidades descentralizadas del orden nacional, departamental o municipal, ante los tribunales administrativos de Santander, Norte de Santander, Cesar, Magdalena, Bolívar, Atlántico, Huila, Boyacá, Nariño y Cundinamarca, y el Consejo de Estado de Colombia, Sección Tercera y Sala Plena, y, a partir de su puesta en funcionamiento, ante los juzgados administrativos—, las áreas especializadas de los RECURSOS  EXTRAORDINARIOS y las TUTELAS CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES.

 

El bufete de Óscar Humberto Gómez Gómez también atiende Denuncias por violación a la Convención Americana de Derechos Humanos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos -Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos (OEA)- cuando no se ha hecho justicia dentro de Colombia  o cuando se ha superado el plazo razonable para impartirla.

 

 

 

 

 

PRECEDENTES JURISPRUDENCIALES:

 

Dentro de los numerosos logros registrados en la trayectoria del bufete de Óscar Humberto Gómez Gómez, a lo largo de casi cuarenta años de ejercicio profesional, se resalta el haber obtenido ante la justicia contenciosa administrativa, entre otros, los antecedentes jurisprudenciales que, a modo de ejemplos, se relacionan a continuación:

 

i.) Uno de los primeros dos fallos condenatorios dictados en Colombia por la muerte de un paciente en el quirófano a consecuencia de una falla médico-quirúrgico-anestesiológica y el primero en un acto médico-quirúrgico-anestesiológico llevado a cabo en Santander. Actores: Ana Ochoa de Pedraza y otros. Entidad oficial demandada: Instituto de Seguro Social de Santander -I.S.S.S. Muerte del paciente Óscar Pedraza Ochoa en la Clínica Bucaramanga, de la capital santandereana. El Consejo de Estado de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera REVOCÓ la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander que había denegado las pretensiones de los demandantes;

ii.) El primer fallo condenatorio en Colombia por contagio de pacientes con el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH) en un hospital universitario estatal. Actores: Álida Quiñónez de Castellanos y otros. Entidades oficiales demandadas: Hospital Universitario Ramón González Valencia de Bucaramanga y Universidad Industrial de Santander -UIS – Facultad de Medicina. El Consejo de Estado de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera REVOCÓ la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander que había denegado las pretensiones de los demandantes;

iii.) Uno de los primeros y únicos recursos extraordinarios de revisión exitosos en Colombia contra una sentencia en firme. Recurrente extraordinario: Fernando Prada López. Entidad oficial demandada: la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional. Lesión con invalidez permanente por daño en la columna vertebral de la víctima. Ocultamiento de información en informe militar. El Consejo de Estado de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera REVOCÓ la sentencia ejecutoriada del Tribunal Administrativo de Santander que había denegado las pretensiones del demandante;

iv.) El primer fallo condenatorio en Colombia por la muerte de una pasajera de bus urbano a consecuencia de las quemaduras sufridas con ocasión de un atentado dirigido contra el automotor en que viajaba, consumado en el contexto de protestas contra la implantación, por parte del Gobierno Nacional, de nuevas tarifas.  Actores: Julia María Cáceres de Buitrago y otros. Entidad oficial demandada: la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional. Muerte de la pasajera María Teresa Buitrago Cáceres, pasajera de un bus urbano de la empresa Transcolombia, quemado en inmediaciones de la Universidad Industrial de Santander (UIS). Protestas a escala nacional en contra del nuevo sistema TSS (Transporte sin subsidio). El Consejo de Estado de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera REVOCÓ la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander que había denegado las pretensiones de los demandantes;

v.) El primer antecedente jurisprudencial en Colombia sobre la coexistencia de las prestaciones laborales previstas en la ley para el núcleo familiar de un servidor público muerto en servicio y las indemnizaciones derivadas de la responsabilidad por falla del servicio. Actores: Mélida Inés Domínguez de Medina y otros. Entidad oficial demandada: la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional. Muerte del agente de la Policía Vial Pedro Jesús Medina Suárez. El Consejo de Estado de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera REVOCÓ la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander que había denegado las pretensiones de los demandantes. El Ministerio de Defensa Nacional interpuso el recurso extraordinario de revisión. La Sala Plena del Consejo de Estado confirmó la sentencia condenatoria de la Sección Tercera;

vi.) El primer recurso extraordinario de súplica por violación directa de la ley sustancial exitoso en la Sala Plena del Consejo de Estado de Colombia. Recurrentes extraordinarios: Marco Antonio López y otros. Entidad oficial demandada: Empresa de Desarrollo Urbano de Bucaramanga, EDUB. Muerte del niño Édison Fabián López Cacua al desprenderse el travesaño de un arco de fútbol en una cancha popular. En este caso se aplican por primera vez en la justicia contenciosa administrativa colombiana los conceptos de “inmuebles por adhesión” e “inmuebles por destinación“— propios del Derecho Romano y consagrados en el Código  Civil colombiano — dentro de la responsabilidad extracontractual del Estado (La entidad oficial que es dueña de un lote lo es también de los arcos de fútbol que se instalan en él. No se requiere probar quién instaló los arcos). La Sala Plena del Consejo de Estado REVOCÓ la sentencia del Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera y  la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander que habían denegado las pretensiones de los demandantes;

vii.) El primer fallo condenatorio en Colombia en el que se aplica la teoría del riesgo excepcional por la destrucción de las casas vecinas a un comando militar contra el cual es dirigido un atentado terrorista. Actores: Carlos Arturo Pinzón Vargas, Ana María Barrera de Pérez y Hernán Prada Moreno. Entidad oficial demandada: la Nación – Ministerio de Defensa Nacional (Ejército Nacional). Atentado del ELN contra el Comando de la Segunda División del Ejército en el barrio Bolarquí de Bucaramanga. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera CONFIRMÓ la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander (M.P.: Dr. Alejandro Ordóñez Maldonado) que había condenado a la entidad oficial demandada;

viii.) El primer fallo condenatorio en Colombia por la destrucción de una sede política durante una campaña electoral. Actores: Luis Alfredo Villamizar Acuña y otros. Entidad oficial demandada: la Nación – Ministerio de Defensa Nacional. Atentado contra la sede del Partido Conservador en Girón (Santander). El Consejo de Estado REVOCÓ la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander que había denegado las pretensiones de los demandantes.

ix.) El primer fallo condenatorio en Colombia por la muerte de un civil a consecuencia de la explosión de una mina antipersonal o “quiebrapatas”. Actores: Eduvigis Mancilla de Quintero y otros. Entidad oficial demandada: la Nación – Ministerio de Defensa Nacional (Ejército Nacional). Muerte del campesino José Antonio Quintero Merchán dentro de su propia finca en zona rural de El Carmen de Chucurí (Santander). El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera CONFIRMÓ la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander (M.P.: Dr. Alejandro Ordóñez Maldonado) que había condenado a la entidad oficial demandada. El histórico fallo coincidió con la Convención de Ottawa;

x.) El primer fallo de tutela proferido en Colombia a favor de una víctima de las minas antipersonales sembradas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en zona rural habitada. Accionantes: José Amparo Pérez Ochoa y otros. Entidad oficial demandada: la Nación – Ministerio de Defensa Nacional (Ejército Nacional). El Consejo de Estado de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta (como Jurisdicción Constitucional) REVOCÓ la sentencia del Consejo de Estado de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, que había denegado la tutela y REVOCÓ la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, que había denegado las pretensiones indemnizatorias de los demandantes, ordenándole a esta Subsección que volviera a dictar la sentencia. Como la Subsección desacató lo ordenado, y la Sección Cuarta —que había denegado la tutela y que, pese a ello, asumió el conocimiento del incidente de desacato— se negó a abrirlo, el caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington (USA), en denuncia contra Colombia por violación de la Convención Americana de Derechos Humanos.

xi.) La sentencia de unificación (SU) por medio de la cual la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado reconoce, por primera vez en Colombia, la figura del acrecimiento en la liquidación del lucro cesante dentro de los procesos de responsabilidad extracontractual del Estado. Actores: María Antonia Gómez de Carrillo y otros. Entidad oficial demandada: Departamento de Santander. Accidente de vehículo de la Gobernación de Santander en comprensión municipal de Chiquinquirá (Boyacá) con saldo de dos personas muertas y dos gravemente heridas. El Consejo de Estado de Colombia REVOCÓ la sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá en cuanto había denegado el acrecimiento;

xii.) El primer antecedente jurisprudencial en Colombia sobre el derecho del niño a contar con un padre sano. Actores: Reynaldo Méndez Pico y otros. Entidad oficial demandada: la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional. Mutilación del padre en momentos en que la madre se encontraba embarazada. Accidente de tránsito causado por conducta imprudente de conductor militar. Sentencia de única instancia del Tribunal Administrativo de Santander (Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Ordóñez Maldonado);

xiii.) El primer antecedente jurisprudencial en Colombia sobre el derecho del profesor de horas-cátedra de la Universidad Industrial de Santander (UIS) a ser considerado trabajador de la universidad y, consiguientemente, con derecho a la totalidad de las prestaciones sociales propias de los trabajadores de la institución, incluida la cotización para pensión de jubilación, por lo cual se obliga a Colpensiones o al ente que haga sus veces a incluirlo como pensionado y se obliga a la universidad beneficiaria de sus servicios a consignarle a dicho ente la totalidad de los aportes para pensión que dejó de hacer a lo largo de los años en que el docente prestó los mismos. . Actor: Jorge Hernando Gómez Gómez. Entidad oficial demandada: Universidad Industrial de Santander (UIS). Sentencia de tutela del Consejo de Estado de Colombia. Sala Plena. El Consejo de Estado de Colombia. Sala Plena REVOCÓ la sentencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado que había denegado el amparo constitucional, REVOCÓ la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander que había denegado las pretensiones de la demanda laboral en primera instancia y REVOCÓ la sentencia del Juzgado 2o. Administrativo del Circuito de Bucaramanga que había denegado las pretensiones de la demanda laboral en primera instancia);

xiv.) El primer antecedente jurisprudencial en Colombia sobre el derecho al amparo de pobreza de las personas afiliadas a planes de medicina prepagada. Sentencia de segunda instancia del Consejo de Estado de Colombia por medio de la cual ampara los derechos al debido proceso y al acceso a la justicia de una pareja de esposos afiliado el uno y beneficiario el otro de una empresa de medicina prepagada, así como también los de su núcleo familiar, a quienes se les había denegado el amparo de pobreza por tal razón. El Consejo de Estado REVOCÓ la sentencia de primera instancia del Tribunal Administrativo de Santander que había denegado el amparo constitucional, REVOCÓ el auto del Juzgado 2o. Administrativo del Circuito de Bucaramanga que había denegado el beneficio del amparo de pobreza y REVOCÓ la providencia del mismo Juzgado 2o. Administrativo del Circuito de Bucaramanga que había resuelto desfavorablemente el recurso de reposición interpuesto contra la anterior decisión;

 

[Posteriormente se estarán agregando otras de las numerosas sentencias judiciales favorables obtenidas por el bufete y en las que se sientan importantes posiciones jurisprudenciales].

 

 

DENUNCIAS ANTE LA CIDH:

 

 

El bufete de Óscar Humberto Gómez Gómez también atiende denuncias contra el Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington (D.F.) / USA por violación de derechos humanos y denegación de justicia en Colombia, y el consiguiente desconocimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos, adoptada en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) y ratificada por Colombia. Estas denuncias solo son procedentes cuando ha habido denegación de justicia dentro de Colombia o se ha violado el plazo razonable para impartirla y pueden terminar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 

 

Se relacionan enseguida algunos de los casos a cargo del bufete de Óscar Humberto Gómez Gómez ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos:

 

 

i.) Caso Juan Raúl Bedoya Rúa, por la mutilación de la víctima —un inocente campesino— a consecuencia del estallido de una mina antipersonal sembrada por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el área geográfica donde residía, zona en la cual se desarrollaba el conflicto interno colombiano. Luego de que el Estado colombiano, por conducto de su Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, puso el suyo como caso emblemático de las víctimas de minas antipersonales en el país, el mismo Estado colombiano, por conducto de su Ministerio de Defensa Nacional, negó conocer que Juan Raúl Bedoya Rúa fuese víctima de tales minas.

 

 

ii.) Caso Martha Isabel Durán de Jaimes, por la desaparición y muerte de su esposo, el transportador Ernesto Alonso Jaimes Castro, a manos de una patrulla corrupta del Ejército Nacional, aliada con una banda de asaltantes de carretera, que lo interceptó cuando viajaba entre Valledupar y Bucaramanga con una carga de Leche Klim perteneciente a la empresa Cicolac que los facinerosos habían planeado robar.

 

 

iii.) Caso Hermanos Graterón Fuentes, por el asesinato del mecánico Cristóbal Graterón Fuentes a manos de una patrulla de la Policía Nacional en hechos sucedidos sobre la autopista Bucaramanga – Girón cuando, a bordo de su vehículo y en horas de la madrugada, se dirigía pacíficamente hacia su casa y, según la versión oficial, no acató la orden de detenerse por no haberla escuchado;

 

 

iv.) Caso John Faber Flórez Pedraza, por la grave falla médica en que incurrió la Clínica Los Comuneros, del Instituto de Seguros Sociales, con ocasión de su nacimiento, al no remitirlo a valoración oftalmológica a pesar de haber recibido oxígeno puro en incubadora debido a haber nacido prematuro, por lo cual resultó víctima de la enfermedad conocida como Retinopatía de la Prematuridad (deprendimiento de las retinas), la cual solo fue detectada casualmente, en tardía valoración, cuatro meses después del parto, cuando, por haber alcanzado el estadio V, ya el bebé había quedado ciego de por vida.

 

 

v.) Caso Rafael Serrano Prada, Representante a la Cámara por el Partido Conservador, circunscripción electoral de Santander, investigado, acusado, juzgado y condenado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia como responsable de homicidio cometido en estado de ira e intenso dolor causado por grave e injusta conducta provocadora de la víctima. El parlamentario no pudo apelar su condena por no existir segunda instancia. La Convención Americana de Derechos Humanos consagra el derecho de toda persona a apelar la condena penal que se le imponga y, por consiguiente, el derecho a la segunda instancia.  Como el congresista que sea condenado por un delito doloso queda inhabilitado de por vida para volver a ser elegido, Serrano Prada quedó para siempre fuera del parlamento. Las tesis que defendería el bufete de Óscar Humberto Gómez Gómez en el caso Serrano Prada, de dársele la oportunidad de la segunda instancia, son dos: la legítima defensa putativa y la legítima defensa del honor. Cualquiera de ellas que fuese aceptada en la segunda instancia significaría la absolución del acusado y posibilitaría su retorno al Congreso Nacional.

 

 

JUSTICIA (diosa de la mitología romana)

 

¡ Sean todos bienvenidos !

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EL PERSONAJE

 

Santander en la Red también dedicará esta sección a enaltecer la memoria de los juristas que le dieron lustre a la judicatura o a la profesión de la abogacía.

Lamentablemente, hoy en día ni siquiera en las facultades de derecho se honra el recuerdo y el legado histórico de estos hombres que con su pluma o con su verbo nos dejaron a quienes los sucedimos valiosas enseñanzas, pero sobre todo la de que la investidura de juez o la condición de abogado en ejercicio únicamente las merecen quienes jamás las desdoran con el mal ejemplo y, antes por el contrario, las elevan con una vida digna y un indeclinable amor al estudio y a la justicia entre los seres humanos.

El maestro Carlos Lozano y Lozano, cuyas fotografías ilustran hoy esta sección, fue un eminente penalista colombiano, autor del libro Elementos de Derecho Penal, ex presidente de la República —cargo que ocupó brevemente en su calidad de Designado en 1942—, abogado en ejercicio y docente universitario.

Nació el doctor Lozano y Lozano el 31 de enero de 1904 en Fusagasugá. Fue discípulo de Enrico Ferri, padre de la Escuela Positiva del Derecho Penal.

En sus últimos años, el tratadista Lozano y Lozano se había dedicado a la cátedra y al ejercicio profesional donde brillaba con luz propia. Fue emblemática su famosa acusación de Emilio Varonessi. Infortunadamente, comenzó a padecer problemas psicológicos, anímicos y emocionales, depresión y un profundo pesimismo. El 13 de febrero de 1952, en un hecho que conmocionó a Colombia, se le arrojó al tren de Usaquén, cerca de la Bogotá de entonces. Contaba con tan solo 48 años de edad.

Del maestro Lozano y Lozano nos hablaba en sus clases nuestro profesor de Derecho Penal el doctor Jorge González Aranda, prestigioso penalista santandereano.

Su libro enriquece, por supuesto, nuestra biblioteca personal. En él hizo, por cierto, una diferenciación magistral entre el jurista, el abogado y el tinterillo, distinción que hoy parece haberse olvidado por completo.

Ya es hora de que las nuevas generaciones de colombianos sepan quién fue este preclaro jurista colombiano. Hemos caído en un grosero “presentismo” que ignora la historia de la nación en los más diversos órdenes —incluido el Derecho— , desconoce quiénes fueron aquellos que sentaron las bases que posibilitaron lo que hoy somos en todas esas áreas y hace ver como si todo nos hubiese llegado por generación espontánea.

 

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¡Gracias por compartirla!

2 respuestas a Derecho

  1. HORACIO ECHEVERRI dijo:

    Felicitaciones por comentarios tan atinados, ilustre colega.

  2. Gabriel Rincón Álvarez dijo:

    Comparto el triunfo espiritual como abogado, como poeta y como cantautor. Gabriel Rincón Álvarez. Autor de Catamaranes en Urantia.

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