La migración ilegal de los mexicanos hacia los Estados Unidos, a través de un territorio que era de ellos —Texas—, ha generado un próspero negocio: el de las cárceles.
La cosa quedó al descubierto —ante el mundo, claro está, porque en los Estados Unidos eso, como en la canción de los años 60, ya se sabía— a raíz del escándalo que se desató en el mundo con las desgarradoras imágenes de los desdichados niños violentamente separados de sus desdichados padres.
Y es que entre más inmigrantes ilegales arrestados haya (no “hayan”, como dice por ahí alguien en WhatsApp), más jugoso es el negocio.
¿Que cuál negocio, me preguntas, querido y desinformado lector? Ya te lo dije: el de las cárceles.
Sí, no te sorprendas: es que en Estados Unidos las cárceles no las maneja el Estado, como lo que son, un servicio público. Las cárceles, en el país de la Libertad —cuando menos, de la Estatua— , son el lucrativo negocio de unos adinerados concesionarios particulares.
Aunque, por supuesto, los colombianos nunca hemos sido inclinados a andar copiándoles a los gringos, ni, en general, a los extranjeros —porque, por ejemplo, el sistema penal acusatorio o el nuevo sistema “oral” en la justicia contenciosa administrativa son, como los libros y los discos de los semáforos, ciento por ciento originales— ya se han escuchado aquí las primeras voces a favor de que también las cárceles sean privadas.
Como siempre, el pretexto para acabar con la entidad que las maneja lo deja servido la corrupción. Pocas entidades, en efecto, están más desacreditadas hoy en día que el INPEC.
Así que yo creo que antes de que se acabe este año, ya se estará empezando a liquidar esa entidad oficial y a privatizar las cárceles.
O, cuando menos, a hablar de hacerlo.
¿Apostamos?
