El impuesto de industria y comercio a las profesiones liberales (5a parte). Por Óscar Humberto Gómez Gómez

LAS PROFESIONES LIBERALES: ¿EN EL PRINCIPIO DEL FIN?

 

FONOAUDIOLOGÍA

 

Ahora, 20 años después de aquella sentencia con la que la justicia contenciosa administrativa anuló las resoluciones de la DIAN que dispusieron el cierre de mi oficina profesional de abogado solamente por negarme a ser tratado como comerciante sin serlo, esto es, solamente por haber defendido a capa y espada mi condición de profesional liberal, la inclusión de las profesiones liberales dentro del Impuesto de industria Y COMERCIO, al amparo de la precitada ley del año 2016, a pesar de no ser los profesionales liberales ni industriales NI COMERCIANTES, vuelve a hacerme vislumbrar en el horizonte el riesgo de que también terminen obligados todos —ya no únicamente yo, como en aquel lejano 1998— a inscribirse en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio del lugar donde ejercen sus profesiones y de que, por ese camino, acaben obligados todos a llevar libros de contabilidad y, en fin, a que muy pronto las profesiones liberales —o lo que queda de ellas— desaparezcan definitivamente de la faz de la tierra.

 

O cuando menos, de la faz de ESTA tierra.

De esta tierra incomprensible en la que cada día se golpea a los profesionales con mayores cargas profundas de desconocimiento, humillación, desprecio y descrédito.

De esta tierra inaudita en la que el poder de legislar se les confiere a personajes carentes de formación profesional y que, como es obvio, se dan el lujo de mirar a quienes sí han cursado estudios universitarios con un total desdén.

De esta tierra en la que no es esperable que dentro del Congreso Nacional se entienda el elevado valor del estudio universitario, de los libros, de la formación académica, si su propio presidente —condecorado, dicho sea de paso, nada más ni nada menos que con la máxima condecoración a la que un ciudadano puede aspirar en la vida, esto es, la Cruz de Boyacá, nunca se supo por haber hecho qué— a duras penas validó el bachillerato en un supuesto examen único. [Lo cual, bueno es advertirlo, no sería cuestionable en absoluto, sino —todo lo contrario— digno de aplauso, si ello realmente hubiese sucedido y no fuera acaso otra más de las maniobras con las que se favorece a los políticos para que resulten ostentando títulos que jamás se ganaron. ¡Allá él y su conciencia!].

De esta tierra, en fin, donde los profesionales, luego de cursar largas y costosas carreras universitarias, tienen que emigrar a otros países porque en este, en el suyo, en el que nacieron y estudiaron, y salvo las siempre inevitables excepciones, tan solo parecieran tener asegurado su futuro —dentro de las altas dignidades de su frondosa burocracia o gracias a ella— los que poco amantes han sido del estudio, pero sí lo han sido de las malas prácticas públicas.

 

LLLEGAR A EJERCER UNA PROFESIÓN LIBERAL SUPONE ADELANTAR LARGOS Y COSTOSOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

 

Las asociaciones de profesionales eran hasta hace unos años respetados y acatados órganos consultivos del Gobierno. Hoy en día, cuando en este país ya cualquiera llega al poder, se les desconoce de manera olímpica, no se les tiene en cuenta para absolutamente nada.

Pero, ¿qué va a respetar la especial condición de las profesiones liberales, qué va a entender su diferencia cualitativa con la actividad del comercio un Congreso donde toman asiento personajes para quienes el estudio universitario nada significa o constituye poco menos que una vergüenza?

Esta situación la posibilita, desde luego, la debilidad de los profesionales. Debilidad que surge del hecho evidente de que las asociaciones gremiales de profesionales o no existen o están divididas, cuando no atomizadas, o no se pronuncian públicamente sobre nada, o solamente existen de mero nombre, pero en la realidad no desempeñan papel protagónico alguno.

Y es que si las agremiaciones profesionales fueran fuertes, no se les daría a los médicos, por ejemplo, el trato que se les da, ni la tristemente célebre ley 100 de 1993 hubiese convertido la salud en un negocio y a los facultativos en meros instrumentos al servicio del enriquecimiento desaforado de empresarios ávidos de ganancia. Empresarios que —eso sobra decirlo— no saben cómo se toma la presión sanguínea ni cómo se aplica una inyección.

Si las agremiaciones profesionales fueran fuertes, no habrían existido en las grandes obras de nuestra ingeniería los Nules, los Galofres, los Morenos Rojas y toda la cáfila de sujetos que volvieron la obra de la avenida al aeropuerto El Dorado su fuente de astronómico enriquecimiento.

Si las agremiaciones profesionales fueran fuertes, no habrían llegado a lucir la toga los siniestros personajes que convirtieron las altas dignidades judiciales en la cloaca pestilente de “El cartel de la toga”, la compraventa de sentencias o el cobro por seleccionar tutelas para revisión, en fin, en el escenario de los reprobables vicios que tienen en prisión a magistrados, jueces y empleados del Poder Judicial, personajes cuyo daño a la imagen del derecho ya es irreparable. O un colegio de abogados fuerte, conocidas sus andanzas, los habría hecho sacar del Palacio de Justicia a empellones.

 

LA ÚNICA ESPERANZA DE LOS PROFESIONALES LIBERALES RADICA EN SU UNIÓN

 

“La unión hace la fuerza”, enseña la sabiduría popular.

Es un poco tarde, quizás, para dar inicio hasta ahora a una lucha que ha debido comenzar cuando menos desde el 2016, una vez conocida la ley que, por fin, de manera expresa puso a los profesiones liberales dentro del mismo saco que los industriales y los comerciantes, sin ser ni una cosa ni la otra.

Es más: resulta un poco tarde para principiar una lucha que ha debido iniciarse desde mucho antes del año 2016, porque desde mucho antes de ese año nefasto ya se veía venir lo que hoy está sucediendo.

Y es que desde hace mucho tiempo venía dándose lo que parecía ser una campaña decididamente encaminada a aniquilar, a como diera lugar, a las profesiones liberales socavando la especialísima dignidad que les había sido inherente durante siglos y que de manera expresa el legislador colombiano les había reconocido en el artículo 23 del Código de Comercio. [Nuestras entradas de los años 2013, 2015, 2017 y 2018 acerca del tema no encontraron respaldo alguno; tan solo suscitaron preguntas de interés meramente particular que decidimos no seguir publicando].

Empero, la sabiduría popular dice también que “Más vale tarde que nunca”.

Ojalá los profesionales colombianos lo entiendan y reaccionen pronto del desconcertante marasmo en el que parecieran encontrarse sumidos.

 

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