REFORMA A LA JUSTICIA COLOMBIANA: ¿DÓNDE QUEDÓ LA BOLITA? Por Óscar Humberto Gómez Gómez, Miembro del Colegio Nacional de Periodistas (CNP).

ÓSCAR HUMBERTO GÓMEZ GÓMEZ (Fotografía: Nylse Blackburn Moreno).

 

Desde hace largos años nos viene tramando el Estado colombiano —que no el Gobierno colombiano, pues en la teoría constitucional este es otra cosa distinta— con la anunciada Reforma a la Justicia.

Hoy, ya no para nuestra sorpresa—porque en este país ya nada nos sorprende—, sino para nuestro desaliento, hemos leído las declaraciones de la actual ministra de justicia, quien fue candidata al cargo de Fiscal General de la Nación bajo el gobierno de Uribe, precandidata al cargo de Gobernadora del Atlántico con el respaldo de Roberto Gerlein, Fuad Char Abdala y José Name Terán, ternada para el cargo de Fiscal General Ad-Hoc por el gobierno de Duque, y quien, ya en concreto, fue magistrada elegida de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y alta funcionaria nombrada de la Procuraduría General de la Nación, lo cual nos permite entrever que es alguien con muy buenas relaciones políticas.

[No debieran tenerlas —permítaseme el paréntesis— los jueces de una sociedad; ellos solamente deberían ser juristas cuya comprobada sapiencia, su verificado alto sentido de justicia, su demostrada amplísima experiencia en un ejercicio profesional exitoso y limpio del derecho como abogados litigantes y su reconocida honestidad determinaran, como únicos factores, el merecer llegar a la más sagrada función que un hombre o una mujer pueden desempeñar sobre la tierra: el administrar justicia. Pero, bueno, esto es Colombia y aquí, ya se sabe, la magistratura y la judicatura se mueven —y máxime de un tiempo para acá— a través de los intrincados hilos de la política. O de la politiquería, para ser más exactos, porque aquí de Ciencia Política más bien poco].

Hemos leído, decía, las declaraciones que ha dado a la prensa esta ministra en relación con la esperada, la ansiada, la necesitada, la urgente, la inaplazable Reforma a la Justicia. Y, como era de vaticinarse, nos han decepcionado sus anuncios y la argumentación confusa, ambigua y sofística que emplea para justificar que, otra vez, por enésima vez, el Estado colombiano eludirá el meterse con decisión, con toda la fuerza de su inconmensurable poder, a ponerle orden a ese caos vergonzoso e insoportable en el que está sumida la justicia colombiana.

Para no volver a llenarme de desesperanza, solamente voy a recordar de sus palabras eso de que, según la ministra, lo urgente “no es reformar las altas cortes”, sino atender las necesidades de justicia del “ciudadano de a pie”.

Pues, señora ministra, al ciudadano de a pie, y al ciudadano de carro —pero, sobre todo, al ciudadano sin pies— les está haciendo falta, precisamente, que jamás vuelva a presentarse en este país el inadmisible espectáculo de tres presidentes de la Corte Suprema de Justicia delinquiendo y, fuera de eso, beneficiándose económicamente de un cartel armado para traficar con los cargos judiciales; de otros magistrados más que no llegaron a ser presidentes de esa corporación, pero también andaban por la misma línea, mandando cobrar a las propias oficinas judiciales la cuota extorsiva que tenían que pagarles sus subalternos por tener el puesto que ocupaban; de una Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura pillada cuando estaba haciendo fiesta con las pensiones de funcionarios y empleados pertenecientes a su rosca, conducta denunciada de manera profusa por la prensa y hasta por la Contraloría General de la República; y un largo etcétera. Un etcétera que ahora, incluso, ha obligado al Consejo de Estado a salir a desmentir unas afirmaciones interceptadas según las cuales allí se está haciendo negocio con los fallos.

Todo eso, sin contar los sorprendentes giros que se están registrando en la jurisprudencia contenciosa administrativa a favor del Estado y en contra de las víctimas que lo demandan; sin contar la creciente cantidad de trabas de todo orden que se les están poniendo a los damnificados para que no puedan tener acceso a la justicia; sin contar la camisa de fuerza de la conciliación que a todos ellos el Estado les obligó a vestir —camisa de fuerza hábil y sofísticamente presentada como la gran panacea contra la congestión judicial desde que esa figura se impuso como obligatoria, presentación sofística que se cuidó de soslayar cómo se obliga a los damnificados a regalar sus pleitos y que no precisó públicamente en qué pleitos es que el Estado, con la sartén agarrada por el mango, realmente concilia y sobre qué porcentajes lo hace—; sin contar tampoco la creciente campaña de desprestigio que se viene dando desde el Estado y desde los grandes medios a su servicio en contra de los abogados que, de manera inmaculada, han ejercido su profesión en la rama del derecho que mejor vino a sintetizar las grandes conquistas de la civilización en una sociedad democrática al permitir que, con solo las armas de la ley, el frágil ciudadano pudiera enfrentar el abrumador poderío político, económico y militar del Estado, vale decir, en contra de los abogados que ejercen el Derecho Administrativo; ni sin contar el trato, cada vez más irrespetuoso que se les da a los profesionales del derecho, a quienes —en el caso del Derecho Administrativo— habilidosamente se les pretende presentar como una banda de forajidos dedicados no a defender a las viudas, a los huérfanos, a los lisiados, a los desfigurados y a los arruinados que han dejado las actuaciones u omisiones del Estado, sino a saquear el erario, para de esta manera echarles encima, y sin que ellos tengan una tribuna de similar resonancia para defenderse, a la opinión pública. Una opinión pública buena parte de la cual en este país, como ya se sabe, vierte sus odios en materias jurídicas a través de las llamadas redes “sociales”, sin haber abierto jamás un código, ni mucho menos un tratado de ciencias jurídicas, en toda su vida.

Pues bien: veamos cómo viene trabajando el Estado colombiano el punto relacionado con la reforma a las altas cortes. Dice la ministra de justicia: “La manera como estamos trabajando es: les mandamos un borrador (a los presidentes de las cortes), ellos lo miran, revisan, le hacen comentarios, lo vamos adecuando y se los (sic) volvemos a mandar. Creo que no alcanzamos ahora, pero es mejor ir con tranquilidad y es posible que para marzo lo tengamos listo. En las manos de la Rama Judicial está hoy la posibilidad de que haya o no una reforma a la justicia desde ese punto de vista” (Vanguardia, domingo 17 de noviembre de 2019).

Así que ya ven: el que se reformen las altas cortes dependerá de que las altas cortes quieran reformarse.

El maestro Pedro J. Ramos, compositor tolimense de música andina colombiana, escribió una canción que grabaron Garzón y Collazos titulada “Ora sí entiendo por qué”.

No traigo a colación este dato por algo en especial. Despistado que es uno.

¡Gracias por compartirla!
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2 respuestas a REFORMA A LA JUSTICIA COLOMBIANA: ¿DÓNDE QUEDÓ LA BOLITA? Por Óscar Humberto Gómez Gómez, Miembro del Colegio Nacional de Periodistas (CNP).

  1. Lina P. de Villamizar dijo:

    Dr. Óscar. Cómo le parece que ya no cabe más asombro o mejor vergüenza por toda la corrupción que penetra y se extiende como raíz de ficus; que además destruye e invade contaminando todo a su paso, como lo ha hecho con la justicia y más instituciones del Estado de nuestra Colombia. Sus acertados escritos, con precisión y conocimiento irrefutable, generan confianza y credibilidad por ser una persona intachable, transparente en su pensar y actuar. Gracias, Doctor.

  2. María Ruth Díaz E. dijo:

    Padre de bondad, míranos con piedad.

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