De cara a la terrible tragedia que enluta a la Medicina colombiana (y que debiera enlutar también a las profesiones liberales) con el lamentable suicidio de la joven y promisoria facultativa caldense doctora Catalina Gutiérrez Zuluaga, médica residente del posgrado de Cirugía de la Universidad Javeriana, de Bogotá, reitero en esta entrada de mi blog lo que ya he venido expresando en otras desde hace varios años: la imperiosa necesidad de que se recupere la dignidad de las profesiones liberales en Colombia.
Y es que el ejercicio de las profesiones gozaba de un especial trato en el seno de la sociedad y por parte del Estado.
En medio del debate que se ha suscitado en torno a la muerte de la doctora Catalina, he leído que “el suicidio no tiene culpables”, que es “una decisión personalísima y exclusiva del suicida”. Sí: eso es lo que, por lo general, todo el mundo cree. Pero no: tal creencia es errada. Por supuesto que muchas veces el suicidio tiene culpables: culpables desde el punto de vista moral y culpables, inclusive, desde el punto de vista jurídico. Tan es así, que desde hace mucho tiempo en el Código Penal se encuentra tipificada la inducción al suicidio como conducta punible. Y tan es así, que el Consejo de Estado profirió sentencia condenatoria en algún caso en el que se ventilaba la responsabilidad estatal por el suicidio de un militar. Cuando se escriba en las redes, y máxime si se goza de cierta relevancia social, hay que tener cuidado en no lanzar aseveraciones tajantes sin primero indagar si se tiene la razón o no.
En efecto, los casos en los que la violencia, física o moral, o ambas, han conducido a la víctima a la desesperación y a una sensación íntima de que la vida carece de horizontes, para de ahí pasar a quitarse la vida, han sido y siguen siendo muchos: la mujer sistemáticamente ultrajada por su marido…, el trabajador constantemente humillado por su jefe…, el alumno permanentemente sometido a matoneo…, etc. Cosa muy distinta es que, lamentablemente, en la práctica, estos casos parecieran quedar siempre diluidos entre las nebulosas de la impunidad y el olvido.
Todo trato contrario a la dignidad inherente a la condición de la persona humana y desprovisto por completo de amor a los semejantes ya es hora de que empiece a ser perseguido de manera drástica y decidida por el Estado, en una sociedad que ya no soporta más violencia.
Las universidades deben ser centros de formación académica y científica y no tenebrosas instituciones de tortura psicológica y de inducción de sus alumnos a la muerte.
Mucho menos admisible un entorno desprovisto de amor al prójimo cuando se trata de un centro educativo que hasta en su nombre mismo pone de relieve, en forma inequívoca, que tiene el sello de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, tal y como sucede con la Pontificia Universidad Javeriana.
Dicho sea de paso, no es la Universidad Javeriana la única alma mater donde estas cosas están sucediendo, ni es la Medicina la única profesión en la que los profesionales son maltratados desde la universidad y luego en su vida profesional, ni el maltrato se da de manera exclusiva en el campo de las profesiones: sencilla y llanamente nos hallamos inmersos, como sociedad, en una CRISIS GENERAL DEL AMOR A LOS DEMÁS.
Crisis que se traduce en el ejercicio de la violencia física y de la violencia moral en contra del otro y, particularmente, en el abuso por parte del que se siente más fuerte en contra de aquel al que percibe más débil.
Me uno al dolor de quienes lamentan sinceramente lo acontecido y a la indignación de quienes sienten rabia por todo lo que la muerte de una profesional tan joven tiene de inaceptable y de absurdo.
Que el Hacedor Supremo, con la infinitud de su Amor, la haya bendecido y acogido en su santa gloria, doctora Catalina.
